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Sin el voto de UC, el Concejo aprobó la venta de 3 inmuebles, la adhesión al Pacto Fiscal, la emergencia en seguridad y expandir la cobertura para la AUH

En la primera sesión del año, el Deliberante de Lanús avaló la subasta de tres edificios donde funcionan dependencias municipales y la adhesión al régimen de Responsabilidad Fiscal. También se prorrogó la emergencia en seguridad en el distrito, con el aval para la adquisición de materiales.

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó, en la primera sesión extraordinaria del año, un proyecto elevado por la Jefatura de Gabinete “para autorizar la subasta pública” de tres inmuebles donde funcionan dependencias municipales.

Se trata de edificios ubicados en la calle Liniers al 300 y Melo al 1600, donde funcionan oficinas de la Secretaria de Desarrollo Social.

Tras celebrar que se haya podido retirar del expediente la venta del edificio de Máximo Paz al 100, donde funciona el Centro de Documentación Rápida, la presidenta del bloque Unidad Ciudadana-FpV, Natalia Gradaschi manifestó su rechazo a la iniciativa.

Fue al advertir que el proyecto busca “rifar el patrimonio de todos los ciudadanos de Lanús”. Además, atribuyó la iniciativa a “una política general de achicar el Estado y quitarle responsabilidad de sus funciones básicas como garante de derechos, beneficiando a ciertos sectores económicos”.

En tanto, el concejal de Cambiemos y ex subsecretario de Desarrollo Social local, Marcelo Villa, sostuvo que “con la venta de estos inmuebles se le va a dar continuidad a las reformas de los edificios municipales, que la administración anterior los dejó en estado calamitoso, y así se le podrá seguir dando dignidad a los trabajadores y a los vecinos de Lanús que concurre a ellos”.

“Cuando llegamos al Gobierno municipal sabíamos del estado de la gestión, pero nos sorprendió como se encontraban las oficinas que fueron adquiridas en 2008 y nunca fueron reparadas”, agregó el edil oficialista.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los concejales massistas Sebastián Beroldo y Marcela Fernández de Pallares.

Pacto fiscal

En otro orden, el oficialismo también logró convalidar un proyecto para que “el Municipio de Lanús adhiera al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal, establecido por la Ley Provincial 13295 y sus modificaciones, establecidas por la Ley Provincial 14984”.

Para Gradaschi “con el Pacto Fiscal hay un sometimiento” porque “los municipios que no adhieran no van a estar en condiciones de pedir préstamos”. “Quedaran en absoluta soledad y con la imposibilidad de recibir financiamiento”, expresó la edil opositora al considerar, no obstante, que el acompañamiento a la medida, supone “mayores limitaciones a los jefes comunales”.

“Nos preocupa la situación de los trabajadores porque pone un freno a la posibilidad de incrementar la planta y hay una injerencia muy fuerte de Provincia en cuanto a los gastos corrientes”, sostuvo la edil, al mostrar sus inquietudes sobre el “riesgo de la falta de autonomía municipal”.

En tanto, desde Cambiemos Gustavo Álvarez remarcó la necesidad de tener “criterio y coherencia con lo que se votó en 2008”, aludiendo a la adhesión al régimen de Responsabilidad Fiscal establecido durante la gestión Scioli.

“En aquel momento el oficialismo fundamentaba la ordenanza en lograr mayor eficiencia de la gestión municipal y sostenían que era conveniente poner al Municipio en un criterio de modernización”, indicó el concejal oficialista, para quien desde Unidad Ciudadana “nunca se preocuparon por la autonomía”.

Además el concejal, recordó que justamente desde la oposición se habla de autonomía de los municipios, y cuando se reformó la Constitución provincial en 1994, fue justamente esa fuerza política la que cerró el camino de la autonomía municipal avalando la constitución del fraude patriótico de 1934.

Al igual que la iniciativa relativa a la subasta de los inmuebles, la adhesión al régimen de Responsabilidad Fiscal contó con el aval del bloque Frente Renovador dejando así la votación: 13 votos a favor y 8 en contra.

Otros proyectos

También se prorrogó por 18 meses la vigencia de la emergencia en seguridad a nivel distrital y se convalidó un “convenio protocolo adicional” al ya establecido en cooperación del Régimen de Policía de Prevención local.

Este último generó el rechazo de UC, bloque desde el cual calificaron como “peligroso” que en un estado municipal “las fuerzas de seguridad se equipen con escudos y gases lacrimógenos”. “Hace dos años que venimos con una política de seguridad espantosa”, señaló Luciana Augustavicius, del bloque UC-PJ., olvidándose de la inseguridad en tiempos de Amore y Díaz Pérez

Por último, se convalidó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social “de asistencia logística para la expansión de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo”.

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